El Frente Nacional de Lucha (FNL) solicitó ayer al Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social emplazar al presidente Álvaro Colom para impedir el despido de 32 mil burócratas.
La solicitud fue entregada en el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en donde deberá resolverse.
De acuerdo con Luis Lara, del FNL, unos 32 mil trabajadores del Estado han sido amenazados con que serán despedidos en el 2010, por falta de presupuesto.
“Emplazamos a los ministerios y unidades ejecutoras del Estado, a fin de que no se pueda destituir a ningún trabajador”, expresó.
El sindicalista refirió que esta medida precautoria se basa en las declaraciones recientes del presidente del Organismo Ejecutivo.
“Los trabajadores no pueden estar en manos de los políticos, sino que se debe respetar el debido proceso y el derecho laboral. No podemos depender del Congreso ni de los organismos del Estado si no se agota primero el debido proceso”, explicó.
El abogado Otto Alpírez señaló que lo que se busca con la petición es garantizar la continuidad laboral de los trabajadores del sector público, de quienes reciben denuncias constantes de amenazas de despido.
Con varias pancartas, trabajadores de diversos ministerios se presentaron ayer a la Torre de Tribunales para exigir justicia en el ámbito laboral.
“No se puede resolver la crisis dejando a la gente sin trabajo. Son 32 mil familias las que están al borde de quedar sin fuentes de ingresos; se afectarán los servicios públicos, como escuelas y centros de Salud. Que no haya dinero no es causa justificada de despido, sino que se declare al Estado en quiebra”, dijo Lara.
La solicitud fue entregada en el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en donde deberá resolverse.
De acuerdo con Luis Lara, del FNL, unos 32 mil trabajadores del Estado han sido amenazados con que serán despedidos en el 2010, por falta de presupuesto.
“Emplazamos a los ministerios y unidades ejecutoras del Estado, a fin de que no se pueda destituir a ningún trabajador”, expresó.
El sindicalista refirió que esta medida precautoria se basa en las declaraciones recientes del presidente del Organismo Ejecutivo.
“Los trabajadores no pueden estar en manos de los políticos, sino que se debe respetar el debido proceso y el derecho laboral. No podemos depender del Congreso ni de los organismos del Estado si no se agota primero el debido proceso”, explicó.
El abogado Otto Alpírez señaló que lo que se busca con la petición es garantizar la continuidad laboral de los trabajadores del sector público, de quienes reciben denuncias constantes de amenazas de despido.
Con varias pancartas, trabajadores de diversos ministerios se presentaron ayer a la Torre de Tribunales para exigir justicia en el ámbito laboral.
“No se puede resolver la crisis dejando a la gente sin trabajo. Son 32 mil familias las que están al borde de quedar sin fuentes de ingresos; se afectarán los servicios públicos, como escuelas y centros de Salud. Que no haya dinero no es causa justificada de despido, sino que se declare al Estado en quiebra”, dijo Lara.
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