“—Alfonso— Portillo abusó de la confianza de la gente de su nación”, expresó ayer Preet Bharara, fiscal federal de Estados Unidos, después de que se presentara formalmente la acusación contra el ex presidente guatemalteco por su vinculación con el lavado de US$70 millones —unos Q581 millones—.
La acción de la Fiscalía de EE. UU. es por conspiración para el lavado de “millones de dólares” que supuestamente Portillo malversó del Gobierno de Guatemala, por medio de cuentas bancarias localizadas en ese país y Europa.
Otra de las acciones, fue ordenarle a la Policía Internacional que lance una alerta en todos los países —difusión roja— para que sea capturado de inmediato.
La investigación está a cargo de Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York; Patricia Haynes, agente especial encargada de la Oficina de Campo de Nueva York, del Servicio de Rentas Internas; y Hohn Gilbride, agente especial del Departamento Antidrogas, de la División de ese estado.
El caso fue asignado al juez distrital Robert Patterson, y si el ex mandatario guatemalteco fuera condenado, enfrentaría prisión por 20 años y una multa de US$500 mil —unos Q4 millones— o dos veces el valor de los instrumentos monetarios o fondos involucrados en las transacciones de lavado de dinero.
La acción de la Fiscalía de EE. UU. es por conspiración para el lavado de “millones de dólares” que supuestamente Portillo malversó del Gobierno de Guatemala, por medio de cuentas bancarias localizadas en ese país y Europa.
Otra de las acciones, fue ordenarle a la Policía Internacional que lance una alerta en todos los países —difusión roja— para que sea capturado de inmediato.
La investigación está a cargo de Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York; Patricia Haynes, agente especial encargada de la Oficina de Campo de Nueva York, del Servicio de Rentas Internas; y Hohn Gilbride, agente especial del Departamento Antidrogas, de la División de ese estado.
El caso fue asignado al juez distrital Robert Patterson, y si el ex mandatario guatemalteco fuera condenado, enfrentaría prisión por 20 años y una multa de US$500 mil —unos Q4 millones— o dos veces el valor de los instrumentos monetarios o fondos involucrados en las transacciones de lavado de dinero.
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