El Ministerio de Educación tiene plazo hasta hoy para acatar una orden judicial y entregar toda la documentación sobre el programa de combate a la pobreza Mi Familia Progresa (Mifapro), que se ha manejado con secretismo.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el pasado lunes a Educación para que en los siguientes tres días -plazo que termina hoy- entregue toda la información sobre ese programa que solicita la diputada opositora Nineth Montenegro, quien fue amparada para obtener los datos.
La legisladora dijo que hasta esta mañana no había recibido nada del ministerio. “Si niegan la información vamos reaccionar por la vía legal porque (el ministro) habría incurrido en delito”, afirmó Montenegro.
Se buscó comunicación telefónica con el ministro de Educación, Bienvenido Argueta, para conocer detalles de la entrega de los datos, pero no respondió.
Mi Familia Progresa otorga Q300 mensuales a cada jefe de hogar beneficiario para que sus hijos no trabajen y asistan a la escuela, y todo el núcleo familiar acuda a los centros de salud.
El Gobierno ha reservado toda la documentación sobre lugar de residencia de los beneficiados y números de cédula, aduciendo que así lo han solicitado los beneficiarios para proteger su integridad y por el consejo de México, Brasil y Colombia, que ejecutan programas similares.
fuente: prensalibre.com
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el pasado lunes a Educación para que en los siguientes tres días -plazo que termina hoy- entregue toda la información sobre ese programa que solicita la diputada opositora Nineth Montenegro, quien fue amparada para obtener los datos.
La legisladora dijo que hasta esta mañana no había recibido nada del ministerio. “Si niegan la información vamos reaccionar por la vía legal porque (el ministro) habría incurrido en delito”, afirmó Montenegro.
Se buscó comunicación telefónica con el ministro de Educación, Bienvenido Argueta, para conocer detalles de la entrega de los datos, pero no respondió.
Mi Familia Progresa otorga Q300 mensuales a cada jefe de hogar beneficiario para que sus hijos no trabajen y asistan a la escuela, y todo el núcleo familiar acuda a los centros de salud.
El Gobierno ha reservado toda la documentación sobre lugar de residencia de los beneficiados y números de cédula, aduciendo que así lo han solicitado los beneficiarios para proteger su integridad y por el consejo de México, Brasil y Colombia, que ejecutan programas similares.
fuente: prensalibre.com
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